El Juicio por Jurados en la Pcia de Bs As

“El Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires.Concepto,Evolución historica.La Ley de Juicio por Jurados en la Pcia de Bs As.Fundamentos de la ley 14543 .Conclusión y preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del Instituto." 1) Exordio El Juicio por Jurados conforme fuera establecido en la Constitución Nacional de 1853 , no cobró vida ni aplicación práctica sino hasta el año 2005 en que la Provincia de Córdoba lo implementó como una verdadera innovación a los sistemas de enjuiciamiento imperantes en el país. Ante la inexistencia de otros precedentes en Argentina ;no podremos soslayar algunas breves referencias al sistema de Juicio por Jurados Estadounidense , remarcando las garantías que protege y que replican también en nuestra carta magna. Consideramos que , teniendo en cuenta las diferencias entre el sistema de Common Law y el derecho continental ,su aplicación en nuestro derecho ,especificamente en la provincia de Buenos Aires , se podran agilizar los procesos penales sin vulnerar las garantías fundamentales que emergen del art 18 de la CN y todo el bloque constitucional. El Debido Proceso Penal se encuentra plenamente respetado ,en cuanto a que los los principios y presupuestos procesales mínimos están reunidos en la nueva ley de Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires , asegurandole al justiciable que opte por someterse a la decisión de un jurado , la certeza, justicia y legitimidad de su resultado.Ello en el entendimiento como Debido Proceso, aquél que se realiza en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones normativas de la ley procesal que implementa la opción por el sistema , la elección de los jurados, las deliberaciones, las mayorías, el veredicto y la sentencia , los mecanismos de impugnación, etc.Todo se encuentra sufiicientemente abastecido por la ley que analizaremos . 2. Antecedentedel Trial by Jury Norteamericano. El Juicio por jurados es tomado por la comisión constituyente de 1853 del modelo anglosajón, en función de su operatividad y aplicación en un país regido por el sistema del common law. a) Origen Histórico del Juicio por Jurados El instituto hunde sus raíces en La inglaterra del siglo XIII y de la mano de los colonos anglosajones hace pié en los Estados Unidos,adonde cobra un superlativo impulso y vigencia hasta el presente momento. Para el momento en que la Constitución de Estados Unidos y su “Bill of rights” fueron redactados y ratificados, la institución del juicio por jurados ya era respetada y reconocida, y es posible rastrear su historia y encontrar el origen en la Magna Carta Inglesa de 1215: 39. No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. La traducción literal del artículo trascripto establece que ningún hombre libre será detenido, encarcelado, privado de sus bienes, exiliado, sin haber sido juzgado previamente por sus pares o por la ley (“de la tierra”, refiriendo a la ley positiva). Con el fin de limitar o atenuar el poder del Rey los conquistadores francos introdujeron a su vez, este Instituto en Inglaterra, con la finalidad loable de cuestionar los hechos y procedimientos mediante la presencia de los ciudadanos durante el juicio . Enrique II,reaccionó y como contrapulsión regularizo el procedimiento para poder establecer el control Real sobre el aparato judicial.. En su génesis se convocaba a un cuerpo de testigos, por su conocimiento sobre la causa quienes acudían con un caracter netamente presencial legitimaban lo actuado y resuelto . A partir del reinado de Enrique VI, se transformo la institución dedicándose los jurors a probar la evidencia. Durante el siglo XVII surgió la idea de el jurado en salvaguarda del acusado; y ya en el Siglo VIII Blackstone hablaba de éste instituto como parte de una doble barrera entre las libertades del pueblo y las prerrogativas de la Corona, ya que la verdad de las acusaciones sería confirmada por el voto unánime de doce “pares y vecinos” elegidos al azar. Este derecho fue garantizado en las constituciones de los Trece Estados Norteamericanos,ya que de consuno garantizaron en sus respectivas cartas magnas el espíritu del Juicio por Jurados , incorporadose definitivamente en el cuerpo de la Constitución de los Estados Unidos en el Siglo XVIII, en su Sexta Enmienda. El espíritu al que antes aludimos consiste fundamentalmente en el otorgamiento de ciertas garantías a los acusados en causas penales.Es un espejo que refleja el paradigma de administración de un juicio justo ,previniendo la opresión por parte del Estado, en aras de un poder judicial autónomo en detrimiento de las injerencias y las arbitrariedades que en otros sistemas suelen infiltrarse con más facilidad El juzgamiento de un ciudadano “por sus pares” protege al acusado de que un juez técnico o exegético en desapego al sentido común decida sobre su vida y su libertad en el solo interes de la ley . El juez, actúa durante el debate como moderador , pudiendo aconsejar o hacer recomendaciones a los jurados acerca de la evidencia, pero serán los doce ciudadanos quienes tendrán la decisión final - el veredicto de culpabilidad o inocencia- que racaiga sobre el acusado. Recordamos una vez más que en beneficio del acusado, éste puede optar , eligiendo ser juzgado por un juez o tribunal directamente o bien por un juicio por jurados . En la constitución Norteamericana este derecho está garantizado a todos los individuos conforme a lo dispuesto por la Catorceava Enmienda, que establece claramente el principio de legalidad y debido proceso (due process of law) Amendment 14 - Citizenship Righ. Ratified 7/9/1868. ts t 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any Sate deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. En resúmen ,el modelo Norteamericano posibilit que doce personas ajenas al derecho (laymen o legos) decidan sobre las cuestiones de hecho del caso.Son los pares o vecinos del acusado, los que desde la carta Magna inglesa de 1215 hasta la fecha ,se expiden acerca de la veracidad de los hechos juzgados y la autoría del imputado, en función de las evidencias o pruebas presentadas por las partes. El Juez actúa como un moderador del debate y posee facultades para hacer sugerencias al jurado, pero nunca los podrá direccionar enrespecto de la evaluación de los hechos. El rol del Juez emerge al momento de imponer la sentencia , ya que todas las cuestiones de derecho quedan reservadas a su evaluación y decisión . El espíritu del sistema de jurados, no es otro que el de limitar el poder del Estado e impedir decisiones arbitrarias que eventualmente podrían surgir de la concentración decisional en manos de un Juez, o grupo de jueces. Así ha sido concebido El trial by jury,es decir como una garantía constitucional para el pueblo de EEUU establecida en la Sexta Enmienda ,que textualmente dispone “En todo proceso penal, el acusado gozara del derecho a un juicio rápido y publico, en manos de un jurado imparcial perteneciente al Estado y distrito en el cual el crimen se hubiese cometido"4 (4 Constitución de Estados Unidos, Sexta Enmienda.) Traducción propia 3) El Juicio por Jurados en la Argentina a) Normas Constitucionales Como lo adelantáramos en el exordio ,en el caso de la República Argentina ,este instituto tiene raigambre constitucional apartir de la Carta Magna de 1853 en sus artículos 24, 75 inciso 12 y 118, que a continuación transcribimos : Art. 75, inc. 12 Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el etablecimiento del juicio por jurados. En un primer abordaje , podría entenderse la reglamentación del instituto recaería en manos del Congreso Nacional, pero del Juego armónico de esta norma con el art 126 de la misma carta , podría -sin ningun valladar legal- reconocérsele a las legislaturas provinciales ésta facultad, ya que el articulo antes mencionado solo les prohíbe a las provincias dictar leyes de fondo( “…ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería , después que el Congreso los haya sancionado;…Art 126 CN”). Es decir que mediante el reconocimiento a las jurisdicciones provinciales el dictado de las leyes de forma ò de procedimientos - facultad no delgada al gobierno central- se abre la potestad de las legislaturas locales para implementar el enjuiciamiento por jurados. No podemos soslayar que el articulo 75 menciona entre las facultades del Congreso establecer las leyes generales referidas al juicio por jurados, y esto descarta cualquier contradicción con lo que dispongan las jurisdicciones locales. Otras dos disposiciones de pristian claridad establecen ademas : Art. 24 El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados. Art. 118.- Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio. La inteligencia de este art 118 ,nos permite visualizar que se apuntala sin dudas en la Sexta Enmienda de la Constitución Norteamericana, especialmente en cuanto a lo atinente a la competencia territorial de los jurados “...La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito…” . 4) Aplicación del instituto . Fundamentos y discuciones . Habida cuenta el largo período de tiempo transcurrido para la recepcion del instituto ,desde 1853 por el constituyente original hasta 2005 en que se verificó su implementacion en Córdoba , algunos de sus detractores puntualizaron acerca de su derogación tácita por el desuetudo, sin embargo , en el articulado de la carta magna actual éstos artículos no fueron sustituidos ni suprimidos por la reforma constitucional de 1994 , de modo que estas críticas no pueden prosperar seriamente. La vigencia del isntituto es hoy incuestionable . Desde el prisma del bloque constitucional ,se discute si reconocer el instituto expuesto como una garantía constitucional no no resulta contradictorio por colisionar con garantías tales como el derecho a ser juzgado por Juez Natural, en Debido Proceso y la Defensa en Juicio , receptados por el zócalo constitucional emergente del articulo 18 CN y ademas por la Convención Americana de Derechos Humanos en su articulo 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su articulo 14, ambos de jerarquía constitucional (conforme al articulo 75 inciso 22 Constitución Nacional). Desde nuestro punto de vista tal colisión no existe, pues una inteligencia integradora de todos los postulados y garantías enunciadas nos permiten afirmar que el debido proceso legal como garantía conglobante, resulta plenamente receptado por el instituto del juicio por jurados, tornando estéril todas estas críticas. La interpretación del órden jurídico siempre deberá efectuarse desde una óptica extensiva e integradora de las distintas normas establecidas en la constitución , y ello nos permitirá concluir en que su aplicación es sanamente posible,como ocurre en otros países muy avanzados juridicamente , en que rige desde hace centurias. Otras voces críticas embaten sosteniendo que la existencia de un jurado implicaría el Juzgamiento de un ciudadano por “comisiones especiales” ó “tribunales ad hoc”, expresamente prohibidos por el articulo 18 CN. Tampoco estas críticas podrán sorter razonablemente la visión integradora y conglobante que la que antes aludimos, pues advertimos in límine que son ciudadanos comunes tanto los que integran el jurado como quienes son enjuiciados mediante este sistema .Además los jurados nombrados para un caso en concreto ,solo decidirían sobre la cuestión de hecho dejando las resoluciones acerca de tópicos procesales y de derecho de fondo en manos de los jueces técnicos. Ahondando más en favor de la aplicación del instituto ,sostenemos que claramente se veran reflejados los principios procesales de oralidad, inmediación ,concentración y publicidad. Todas todas las pruebas serán debatidas amplia y libremente en el debate oral ante el jurado ,quienes la pareciarán con sentido común y lógica ciudadana , llegando verdaderamente a establecer una condena consensuada y coherente con los hechos que ahn podido apreciar . Sin desmedro alguno al principio de legalidad , se garantiza mediante el enjuiciamiento por jurados el control sobre los poderes estatales, en este caso controlando uan decisión judicial de trascendencia por el monto de la pena en expectativa . en manos de los mismos ciudadanos que juzgan a un par . Podría objetarse por provenir del derecho comparado, su dificil implementación en vistas a nuestras pautas socio culturales ,pero lo propio ocurrió con la reciente inclusión del Defensor del Pueblo ú Ombudsman en nuestra Constitución por imitación de los sistemas europeos,con las adaptaciones necesarias para su funcionamiento en nuestra sociedad, lo cual como ya pudimos apreciar, es una herramienta útil que permite mejorar la administración de la justicia. La historia jurídica reciente nos indica que ,en agosto del 2005 se llevo a cabo el primer juicio por jurados en nuestro país, en la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Esta novedos experiencia permitió que doce ciudadanos de ésta localidad decidieran sobre un caso de homicidio . A partir de dicho precedente se ha abierto en esa jurisdicción provincial una abanico resoluciones que satisfactoriamente han concluido en sentencias razonables y justas. ABORDAJE SINTETICO DEL INSTITUTO Y CONCLUSIÓN 1.El Jucio Por Jurados es una forma de juzgamiento ancestral ,mediante la cual un grupo de vecinos del lugar de los hechos deberán decidir dos cuestiones fundamentales: a)si el hecho que se juzga realmente existió, y b)si el acusado de haber cometido ese hecho es culpable o no culpable. En cuanto a sus actores principales se establece una relación dialéctica entre dos posiciones : la acusación (representada por la fiscalía) y la defensa (la persona acusada y su abogado defensor). Cada proporndrá y sostendra su versión de lso ehchos motivo del juzgamiento ,tratando de prevalecer por la culapbilidad o la inocencia respectivamente. La obligación de la acusación será probar su caso. Es decir su teoría del caso , consistente en presentar su versión de los hechos y traer las pruebas que lo sustenten , (declaraciones, documentos, peritajes, etc.):El Fiscal tratará de convencer al jurado de que el hecho existió y que la persona acusada es la responsable del mismo. La tarea de la defensa será generar dudas en el jurado sobre las afirmaciones que realice la acusación, refutar cada una de las proposiciones del Fiscal o al menos las más importantes . Para esto, podrá tener una versión diferente de los hechos (una coartada) y traer prueba sobre esa versión; o podrá cuestionar la validez o credibilidad de la prueba aportada por la acusación. El control de este lance o confrontación interpartes tendrá un moderador ,el Juez,quien cumple la función de controlar el desarrollo y cumplimiento de las pautas legales por aprte de los contrincantes Este Magistrado será un juez profesional. Adicionalmente, es importante saber que el juicio se hará en forma oral y pública (principio de publicidad) , por lo que quienes deseen presenciarlo podrán hacerlo sin inconvenientes. Conforme lo plantea la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, transcribiremos las pregutnas mas frecuentes y sus contestaciones a continuación: -----------------¿Qué debe hacer el jurado durante el juicio? Dado que la tarea del jurado será responder aquellas dos preguntas, debe permanecer muy atento a todo lo que sucede en el debate, a la prueba que se presenta, las afirmaciones que se realizan, los cuestionamientos que se formulan, la forma en que declaran los testigos, etc., ya que esa será la única información que deberá analizar para responder las dos preguntas. El juez técnico le dará instrucciones al finalizar el juicio para la posterior deliberación. Durante el debate, no podrán realizar ninguna manifestación ni pregunta, ya que es tarea de los abogados convencerlos de sus dichos. ¿Cómo es la deliberación? Finalizado el debate, el jurado se reunirá sin límite de tiempo en un recinto al que nadie podrá entrar. Elegirán un presidente y deberán discutir la prueba que han visto durante el debate hasta alcanzar una decisión final (el veredicto). Para declarar culpable al acusado, tendrán que reunir 10 votos como mínimo. Cualquier otro resultado significa que el acusado es no culpable (esto de acuerdo al Art. 185 del CPP propuesto para Neuquén). En caso de alguna duda, lo harán saber por escrito al juez y volverán a la audiencia para recibir la explicación frente a las partes. ¿Cómo se expresa el veredicto? Finalizada la deliberación, cada jurado deberá responder a esas dos preguntas en una boleta. Luego del debate serán incineradas, ya que la ley obliga al jurado a mantener su opinión y la forma en que ha votado en absoluta reserva, aún después del juicio. El presidente del jurado anotará en un papel el resultado del veredicto, lo hará saber primero al juez y luego lo leerá al público en la audiencia. La declaración de culpabilidad o no culpabilidad se hará en nombre del pueblo. ¿Qué sucederá luego del veredicto? Con el veredicto, finaliza la intervención del jurado. En caso de declarar culpable al acusado, las cuestiones legales y el monto de pena serán determinadas por el juez profesional, tras un breve debate posterior sin los jurados. En caso de declarar no culpable al acusado, el veredicto es obligatorio para el tribunal y el juicio finaliza indefectiblemente allí. ¿Recibe el jurado alguna retribución por su labor? No. Ser jurado es una carga pública ordenada por la Constitución Nacional, pero el empleador público o privado no puede descontarle del sueldo los días de servicio. En algunos casos, a solicitud de los jurados, se reintegrarán viáticos en una suma fija. LEY 14543 EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY ARTÍCULO 1º. Modifícanse los artículos 1°, 20, 101, 106, 210, 335, 338, 357, 369, 70, 372, 450, 452 y 454 de la Ley N° 11922 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 1°: Juez natural y juicio por jurados. Juicio previo. Principio de inocencia. Non bis in idem. Inviolabilidad de la defensa. Favor rei. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este Código; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causas criminales se ajustarán a las normas de este código. Es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento. En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. La imposición de medidas de seguridad en los términos del artículo 34 inciso 1º del Código Penal requiere la previa observancia de las normas relativas al juicio previstas en el Libro III de este Código”. “Artículo 20: El Tribunal de Casación de la Provincia. El Tribunal de Casación Penal de la Provincia conocerá: 1. En el recurso de casación que se interponga contra las sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en materia criminal. 2. En la acción de revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en materia criminal. 3. En el recurso de casación y la acción de revisión contra sentencias condenatorias dictadas en el procedimiento de juicio por jurados. 4. En las cuestiones de competencia que se mencionan en este código. Se integrará con un (1) solo Juez para los casos previstos en el inciso 4)”. “Artículo 101: Declaraciones testimoniales. El que deba declarar en el proceso lo hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el órgano interviniente lo autorice si así lo exigiere la naturaleza de los hechos. En primer término el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el hecho de que se trate y después, si fuere necesario, se lo interrogará por las partes. Las preguntas que se formulen no serán capciosas, confusas, ni impertinentes. Cuando se proceda por escrito, se consignarán las preguntas y las respuestas”. “Artículo 106: Motivación. Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando este Código o la Ley lo disponga. En el caso del juicio por jurados las instrucciones del juez al jurado constituyen plena y suficiente motivación del veredicto”. “Artículo 210: Valoración. Para la valoración de la prueba sólo se exige la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción. Esta regla rige para cualquier etapa o grado de los procedimientos, salvo el caso del juicio por jurados en el que rige la íntima convicción”. “Artículo 335: Contenido de la requisitoria. El requerimiento fiscal deberá contener, bajo sanción de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación; y la calificación legal. Asimismo deberá especificar si, en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por Tribunal Criminal con o sin jurados o por Juez Correccional. El requerimiento podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resulten demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado”. “Artículo 338: Integración del Tribunal. Citación a Juicio. Recibida la causa, e integrado el Tribunal conforme las disposiciones legales comienza la etapa de juicio. Cuando el juicio se celebre con jurados, se sorteará por ante la oficina respectiva el juez que dirigirá el debate. Se notificará inmediatamente la constitución del Tribunal o del juez en el juicio por jurados a todas las partes, las que en el mismo acto serán citadas a juicio por el plazo individual de diez (10) días, a fin de que interpongan las recusaciones que estimen pertinentes, y ofrezcan las pruebas que pretendan utilizar en el debate, con excepción de las partes civiles. En la misma oportunidad, las partes deberán manifestar expresamente si consideran necesario realizar una audiencia preliminar. Consentida o establecida con carácter firme la integración del Tribunal o del juez en el juicio por jurados, si alguna de las partes lo hubiese solicitado, se fijará la audiencia en el plazo más breve posible, la que será realizada ante el Tribunal en pleno o unipersonal, o, en el caso del juicio por jurados, ante el juez sorteado. Cuando el juicio sea por jurados, esta audiencia será obligatoria. En el curso de la audiencia se tratará lo referido a: 1. Las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo probable que durará el mismo. 2. La validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria que deban ser utilizados en el debate y las nulidades que pudieran existir, siempre que tales cuestiones no hubieren sido planteadas y resueltas en dicha etapa investigativa. 3. Las excepciones que no se hubiesen planteado con anterioridad o fueren sobrevinientes. 4. La unión o separación de juicios. 5. Las diligencias a realizar en caso de que sea necesaria una instrucción suplementaria, estableciendo su objeto y tiempo de duración. 6. Las estipulaciones o acuerdos probatorios a los que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva. Las estipulaciones podrán ser planteadas incluso durante el transcurso del debate y el juez las autorizará siempre que no impliquen renuncia de los derechos constitucionales. Tales acuerdos hacen que las partes aceptan como probados alguno o algunos de los hechos y sus circunstancias y serán puestos en conocimiento del jurado en la forma que las partes lo estimen más conveniente. Si se estableciere en cualquier etapa del proceso que el Fiscal ha ocultado prueba a la defensa favorable a la defensa, ello traerá aparejado la nulidad de lo actuado. El ocultamiento de prueba a la defensa constituye falta grave para el Ministerio Público. El Tribunal podrá sugerir la prescindencia de aquella prueba que aparezca como manifiestamente impertinente, superabundante o superflua, a cuyo fin podrá convocar a las partes a la audiencia aún sin petición expresa de éstas, si lo considerare necesario. El Tribunal dictará resolución sobre las cuestiones pertinentes dentro del término de cinco (5) días de ofrecida la prueba o de recibida la audiencia, según sea el caso. Salvo las resoluciones que impidan la prosecución de la causa, las cuales podrán ser apeladas ante la Cámara de Garantías, no habrá recurso alguno contra lo dispuesto en esta etapa y la parte agraviada podrá formular protesta, la que equivaldrá a la reserva de los recursos de apelación, casación y extraordinarios que pudieren deducirse contra la sentencia definitiva, según corresponda conforme los artículos 20 y 21. Si la protesta no fuere efectuada dentro de los tres (3) días de la notificación, la parte afectada perderá el derecho al recurso. Las partes podrán acordar la realización de una audiencia oral y pública a fin de tratar salidas alternativas al juicio oral, la que deberá celebrarse, según corresponda, hasta treinta (30) días antes de la fecha fijada para la audiencia del debate oral. Cuando en la audiencia no se arribare a un acuerdo alternativo, decaerá para las partes el derecho de proponer acuerdos ulteriores y el caso deberá resolverse mediante juicio oral y público”. “Artículo 357: Desarrollo del debate. Resueltas las cuestiones incidentales y sintetizados los argumentos de la acusación y defensa en los términos del artículo 354, se producirá la prueba analizándose en primer lugar la propuesta por la acusación y actores civiles y particular damnificado, en el caso de que los hubiera. Terminada la recepción de la prueba de la acusación, se procederá a recibir la prueba de la defensa, de los responsables civiles y de la citada en garantía, en su caso. Cuando el juicio se realice con jurados y durante su curso las partes planteen alguna incidencia de prueba relativa a su admisión o exclusión, el juez ordenará el retiro del jurado de la sala hasta tanto se resuelva la misma. Si la incidencia fuera de sencilla resolución, el juez ordenará que los abogados se acerquen al estrado a fin de que el jurado no escuche la discusión, pero permitiendo la grabación de la misma en ambos casos”. “Artículo 369: Contenido. El Secretario, Prosecretario o Auxiliar Letrado, levantará un acta del debate, bajo sanción de nulidad. El acta contendrá: 1. El lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas. 2. El nombre y apellido de los Jueces, Fiscales, Defensores y mandatarios. 3. Las condiciones personales del imputado y de las otras partes. 4. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate. 5. Las instancias y conclusiones del Ministerio Público Fiscal y de las otras partes. 6. Otras menciones prescriptas por la ley o las que el Presidente ordenare hacer, o aquéllas que solicitaren las partes. 7. Las firmas de los miembros del Tribunal, del Fiscal, Defensores, mandatarios y Secretario, que previamente la leerá a los interesados. 8. En los casos de juicio por jurados, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos que anteceden en cuanto resulte compatible, se dejará constancia del nombre y apellido de los miembros del jurado, y de las instrucciones para el veredicto en los términos establecidos en el Art. 371 bis”. “Artículo 370: Resumen. Grabación y versión taquigráfica. Si las partes lo solicitaren, el organismo jurisdiccional deberá disponer, a cargo del peticionante, la filmación, grabación o versión taquigráfica total o parcial del debate. El juicio por jurados deberá ser íntegramente grabado o filmado, bajo pena de nulidad”. “Artículo 372: Cesura del juicio. El Tribunal podrá diferir el pronunciamiento respecto a la sanción imponible, por resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias del caso, lo cual tratará en debate ulterior independiente sobre la pena o la medida de seguridad aplicable, la restitución, reparación o indemnización demandadas y la imposición total de las costas, pudiéndolo postergar hasta por el término de un (1) mes desde la fecha de notificación de la resolución. Asimismo, durante ese lapso resolverá respecto de las medidas y observaciones que propongan las partes. En los casos de veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad del Tribunal de jurados, la audiencia de cesura del juicio será obligatoria y, con la exclusiva intervención del juez que presidió el debate, se determinará la calificación jurídica y las consecuencias de dicho veredicto. Las partes podrán solicitar al juez un máximo de cinco (5) días luego del veredicto, para ofrecer nuevas pruebas a fin de fijar la pena o la medida de seguridad. En este acto se fijarán la fecha y la hora para la culminación del juicio”. “Artículo 450: Resoluciones recurribles. Además de los casos especialmente previstos, podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 417 del C.P.P. Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal. También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”. “Artículo 452: Recurso del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir: 1. De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado. 2. De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida. 3. Del sobreseimiento. 4. En los supuestos de los artículos 448 y 449. En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir”. “Artículo 454: Recurso del imputado o su defensor. El imputado o su defensor podrán recurrir: 1. De las sentencias condenatorias del Tribunal en lo Criminal con o sin jurados. 2. De la sentencia que le imponga una medida de seguridad. 3. De la sentencia que lo condene a indemnizar por los daños y perjuicios. 4. En los supuestos de los artículos 448, 448 bis y 449”. ARTÍCULO 2°: Incorpóranse los artículos 22 bis, 338 bis, 338 ter, 338 quáter, 342 bis, 371 bis, 371 ter, 371 quáter, 375 bis y 448 bis de la Ley Nº 11.922 y sus modificatoriasCódigo Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 22 bis: El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto. En el plazo previsto en el artículo 336, el imputado, personalmente o por intermedio de su defensor, podrá renunciar a la integración del Tribunal con jurados, en cuyo caso el Tribunal se conformará de acuerdo a lo establecido en el artículo 22. La renuncia deberá ser ratificada por el imputado en presencia del Juez, quien previamente le informará de las consecuencias de su decisión, y verificará si fue adoptada libremente y sin condicionamientos. Una vez firme la requisitoria de elevación a juicio no podrá renunciarse al juicio por jurados, bajo pena de nulidad. En caso de existir pluralidad de imputados, la renuncia de uno de ellos determinará la integración del Tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 22”. “Artículo 338 bis: Integración del juicio por jurados. Condiciones. Impedimentos. Remuneración. 1. En la ocasión del primer apartado del artículo 338, y en los casos del artículo 22 bis, el Tribunal de jurados estará compuesto por un juez, que actuará como su Presidente, doce (12) jurados titulares y seis (6) suplentes. La función de jurado es una carga pública obligatoria y es un derecho de todos los ciudadanos que habiten la Provincia de Buenos Aires para participar en la administración de justicia. 2. Para ser miembro de un jurado se deberán reunir las siguientes condiciones: a) Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de cinco (5) años de ciudadanía. b) Tener entre 21 y 75 años de edad. c) Entender plenamente el idioma nacional. d) Estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. e) Gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. 3. No podrán ser miembros del jurado: a) Los que desempeñen cargos públicos por elección popular, o cuando fuere por nombramiento de autoridad competente desempeñen un cargo público con rango equivalente o superior a Director, en el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o en entes públicos autárquicos o descentralizados, ni los representantes de órganos legislativos en el orden Nacional, Provincial o Municipal. b) Los funcionarios o empleados del Poder Judicial Nacional o Provincial. c) Los integrantes en servicio activo o retirados de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario, como así también los integrantes y/o directivos de sociedades destinadas a la prestación de servicios de seguridad privada. d) Quienes hubiesen sido cesanteados o exonerados de la administración pública nacional, provincial o municipal, o de fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario. e) Los abogados, escribanos y procuradores. f) Quienes se encuentren alcanzados por las situaciones del artículo 47. g) Los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal. h) Los imputados que se encuentren sometidos a proceso penal en trámite. i) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa. j) Los ministros de un culto religioso. k) Las autoridades directivas de los Partidos Políticos reconocidos por la Justicia Electoral de la Provincia o por la Justicia Federal con competencia electoral. 4. La función de jurado será remunerada de la siguiente manera: a) Cuando se trate de empleados públicos o privados, mediante declaratoria en comisión con goce de haberes, de carácter obligatorio para el empleador. b) En caso de trabajadores independientes o desempleados, podrán ser retribuidos a su pedido, con la suma de dos jus diarios. En ambos casos, si así lo solicitasen los jurados seleccionados y si correspondiere por la duración del juicio o las largas distancias que deban recorrer para asistir al mismo, el Estado les asignará a su favor una dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y comida. A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de una partida especial que estará prevista en el presupuesto correspondiente”. “Artículo 338 ter: Integración de las listas de ciudadanos. A los efectos de garantizar la conformación de los Tribunales de jurados, se realizará el siguiente procedimiento: 1. Lista principal de jurados. La Junta Electoral de la Provincia confeccionará anualmente, por sorteo en audiencia pública, los listados principales de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 338 bis, discriminados por Departamento Judicial y por sexo, a razón de un jurado por cada mil (1000) electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado. A los fines del contralor del sorteo, podrán presenciarlo un veedor del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, del Colegio de Abogados de la Provincia, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia. El primer día hábil del mes de octubre de cada año, la Junta Electoral remitirá los listados principales correspondientes a cada uno de los Departamentos Judiciales a la Suprema Corte de Justicia, quien se encargará de su publicación en el Boletín Oficial por el término de tres (3) días. 2. Observaciones. Dentro de los quince (15) días corridos computados desde la última publicación en el Boletín Oficial, cualquier ciudadano podrá observar los listados confeccionados cuando existan errores materiales o incumplimiento de alguno de los requisitos legales ante la Suprema Corte, quien resolverá en definitiva, conforme a los antecedentes presentados por el impugnante, sobre la inclusión o exclusión del jurado sorteado. 3. Reemplazo. Cuando por cualquier motivo se redujere el número de ciudadanos del listado oficial según la jurisdicción, la Suprema Corte de Justicia evaluará la necesidad de efectuar un nuevo sorteo para completarlo, en cuyo caso se comunicarán a la Junta Electoral los nombres de los ciudadanos sorteados que no han reunido los requisitos legales, a efectos de que se obtenga un número proporcional por sexo a los desestimados, a través de un nuevo sorteo que deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, y se realizará de acuerdo a lo previsto en los apartados precedentes. 4. Listado oficial de jurados. Vigencia. La lista de ciudadanos de cada Departamento Judicial será la lista oficial de jurados anual. Los listados deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre del año siguiente al que fueron designados. La Suprema Corte de Justicia, por razones de mérito, podrá prorrogar la vigencia de los listados principales por un año calendario más. 5. Sorteo y convocatoria de los integrantes. Dentro de los cuarenta (40) días hábiles anteriores al inicio del juicio, y previa notificación a las partes, la oficina Judicial procederá en acto público al sorteo de cuarenta y ocho (48) personas de la lista oficial, las cuales serán inmediatamente convocadas para integrar la audiencia de selección de jurados. Excepcionalmente, podrá sortearse un número mayor que se determinará de acuerdo a la complejidad y duración estimada del debate. La notificación de la convocatoria deberá contener la transcripción de las normas relativas a los requisitos, impedimentos e incompatibilidades para el desempeño de la función, las causales de excusación, las sanciones previstas para el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad y la fecha, hora y lugar exactos de inicio del juicio público, haciéndoles saber que deberán comunicar si mudan de domicilio o abandonan la jurisdicción. Asimismo, la notificación contendrá una nota explicativa de su función, el significado de las tareas encomendadas, el cometido que le asigna la ley en razón de su carácter de carga pública y todo otro dato que se estime de interés, cuyo tenor será reglamentado por la Suprema Corte de Justicia. Las partes podrán presenciar el sorteo, pero no se les revelará la identidad de los potenciales jurados hasta el inicio de la audiencia de debate. El personal judicial deberá guardar secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados para integrar el jurado. 6. Comunicación. El órgano judicial interviniente deberá comunicar a la Suprema Corte de Justicia los ciudadanos que resulten sorteados como candidatos, los que fueren excluidos por impedimento legal, y los que resulten designados como jurados, a los fines de proceder a su baja transitoria y/o definitiva del listado oficial”. “Artículo 338 quáter: Audiencia de selección de jurados. El día fijado para comenzar el juicio, con la presencia obligatoria del juez y las partes, se celebrará previamente la audiencia a fin de constituir el jurado para resolver el caso. 1. Impedimentos. En primer lugar, se verificará que ninguno de los citados esté comprendido por un impedimento, para lo cual el juez preguntará a los ciudadanos si se encuentran alcanzados por alguna de las circunstancias impeditivas que prevé esta ley. 2. Excusación. Posteriormente, se procederá a verificar si alguno de los ciudadanos tiene motivos para excusarse, para lo cual el juez hará conocer los motivos para la excusa y preguntará si alguno de los ciudadanos se encuentra comprendido en una situación que amerite su excusa del jurado. Serán motivos especiales de excusación de los miembros del jurado: a) Haber actuado como miembro de un jurado en los últimos tres (3) años anteriores a la designación. b) Tener un impedimento o motivo legítimo de excusación, que será valorado por el juez con criterio restrictivo. 3. Recusación con causa. Luego se procederá a las recusaciones, para lo cual el juez dará la palabra a cada una de las partes para que hagan los planteos que consideren correspondientes. Para formular sus recusaciones las partes podrán, en forma previa examinar a los candidatos a jurado bajo las reglas del examen y contraexamen de testigos sobre posibles circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad. El juez resolverá en el acto y, contra su decisión, sólo cabrá la reposición. La misma equivaldrá como protesta a los fines del recurso contra la sentencia. Las causales de recusación estarán sujetas a las reglas que rigen las condiciones e impedimentos para serlo, y a las determinaciones del artículo 47 con especial dirección a velar por la imparcialidad y la independencia, procurándose excluir a aquéllos que hubieran manifestado preopiniones sustanciales respecto del caso o que tuvieran interés en el resultado del juicio, o sentimientos de afecto u odio hacia las partes o sus letrados. Las recusaciones con causa no podrán estar basadas en motivos discriminatorios de ninguna clase. La contraparte agraviada podrá presentar una objeción, la que será decidida inmediatamente por el juez, y valdrá como protesta para el recurso contra la sentencia condenatoria previsto en este Código. 4. Recusación sin causa. En la misma audiencia, la parte acusadora y la defensa, podrán cada una recusar sin causa hasta a cuatro (4) de los ciudadanos sorteados como jurados. Las recusaciones se harán alternadamente, comenzando por la acusación. Cuando un jurado fuera recusado sin causa, éste deberá ser excluido y no podrá actuar en el juicio. Cuando en el juicio hubiera pluralidad de acusados y de acusadores, la parte acusada y la parte acusadora podrán formular colectivamente cuatro (4) recusaciones sin causa y, además, cada acusado y acusador podrán formular separadamente dos (2) recusaciones sin causa adicionales. En el supuesto en que haya un solo acusado frente a pluralidad de acusadores, aquel tendrá derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual al total de recusaciones sin causa adicionales que esta regla fija para la parte plural. Por el contrario, cuando haya un solo acusador y una pluralidad de acusados, aquel tendrá derecho a un número de recusaciones sin causa adicionales igual al total de recusaciones sin causa adicionales que esta regla fija para la parte plural. 5. Designación. Concluido el examen y resueltas las excusaciones o recusaciones que se hubiesen planteado respecto a los candidatos a integrar el jurado, se establecerá su integración definitiva -conforme lo previsto en el artículo 22 bis-, por sorteo practicado por el secretario del Tribunal entre los candidatos que mantengan esa calidad. Finalmente, se advertirá a los seleccionados sobre la importancia y deberes de su cargo, que desde ese momento no podrán emitir criterios sobre la causa ni tomar contacto con las partes y se les comunicará allí mismo que quedan afectados al juicio que dará inicio de inmediato. Las personas nombradas formalmente como jurados no podrán excusarse posteriormente. Las recusaciones e impedimentos fundados sobrevinientes serán resueltos inmediatamente a tiempo de ser planteados. En este caso, si aún no hubiere iniciado el juicio, se citará al siguiente de la lista hasta completar el número. 6. Integración Plural. El jurado deberá quedar integrado, incluyendo los suplentes, por hombres y mujeres en partes iguales. 7. Circunstancias extraordinarias. Cuando no sea posible integrar el jurado con la lista original, se efectuará un sorteo extraordinario con la lista oficial para completar el número de ciudadanos requeridos y se repetirá el procedimiento de selección abreviando los plazos para evitar demoras en el juicio. 8. Inmunidades. A partir de su incorporación al juicio, ningún jurado titular o suplente podrá ser molestado en el desempeño de su función, ni privado de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando exista orden emanada de juez competente en razón de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa. 9. Sanciones. La persona que habiendo sido designada como jurado no se presenta a cumplir su función de tal, se lo hará comparecer aún con el uso de la fuerza pública, sin perjuicio de establecerse en su contra las responsabilidades a las que hubiera lugar. 10. Período. Quien haya cumplido la función de jurado no podrá ser designado nuevamente durante los tres (3) años siguientes a su actuación, salvo que en un lapso menor hayan sido convocados todos los que integran el padrón”. “Artículo 342 bis: Debate ante el Tribunal de jurados. El debate ante el Tribunal de jurados se regirá por las disposiciones de este capítulo, con las siguientes previsiones: 1. El juez ejercerá el poder de policía y disciplina y las demás facultades atribuidas al órgano jurisdiccional en los capítulos II, III y IV del presente Título, en cuanto sea compatible con el juzgamiento por Tribunal de jurados. 2. Finalizada la audiencia de selección de jurados prevista en el artículo 338 quáter, se procederá a la apertura del debate en los términos del artículo 354. Los jurados titulares y los suplentes prestarán juramento solemne ante el juez, bajo pena de nulidad. Los jurados se pondrán de pie y el secretario pronunciará la siguiente fórmula: “¿Prometeis en vuestra calidad de jurados, en nombre del Pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la Provincia y las leyes vigentes?”, a lo cual se responderá con un “Sí, prometo”. Realizada la promesa se declarará abierto el juicio. 3. Los jurados suplentes deberán estar presentes en todo el desarrollo del debate, hasta el momento en que el jurado titular se retire para las deliberaciones. Cuando alguno de los jurados titulares fuera apartado por excusación o recusación, lo reemplazará uno de los jurados suplentes, quien será designado mediante sorteo que efectuará el juez en presencia de las partes. 4. Los testigos, peritos o intérpretes prestarán juramento de decir verdad ante el Tribunal, bajo sanción de nulidad. Serán interrogados primeramente en examen directo por la parte que los propuso, quien no podrá efectuar preguntas sugestivas ni indicativas. Seguidamente quedarán sujetos al contraexamen de las otras partes intervinientes, quienes podrán efectuar preguntas sugestivas. En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o perito. Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. El juez hará lugar de inmediato al planteo si fuere manifiesto el exceso o decidir en el acto luego de permitir la réplica de la contraparte. El Tribunal procurará que no se utilicen las objeciones para alterar la continuidad de los interrogatorios. Cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o fuere indispensable para ayudar la memoria del testigo o perito, podrá ser confrontado con las declaraciones previas prestadas. Se considerará declaración previa cualquier manifestación dada con anterioridad al juicio, pero nunca podrán ser presentadas en el juicio como prueba material. No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo cuando fuere indispensable para considerar información novedosa que no hubiera sido consultada en el examen directo. Durante el desarrollo del debate, cualquiera de las partes podrá ofrecer, estipular o acordar un hecho o circunstancia en los términos del artículo 338 inciso 6. De aceptarlo la contraparte, no se producirá prueba sobre los mismos. Los jueces y los jurados no podrán por ningún concepto formular preguntas a quienes comparezcan a declarar al juicio. El incumplimiento de esta prohibición constituirá falta grave. 5. Los documentos deberán leerse y exhibirse en la audiencia, con indicación de su origen. Los objetos secuestrados deberán ser exhibidos en la audiencia para su reconocimiento. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales deberán reproducirse en presencia de las partes. Los documentos, objetos secuestrados, grabaciones y elementos de prueba audiovisuales sólo podrán ingresar al debate previa acreditación por la parte que los propuso. La contraparte podrá objetar dicha acreditación y el juez resolverá en el acto. 6. La prueba deberá producirse en la audiencia de juicio, salvo excepciones expresamente previstas por las normas regulatorias del juicio por jurados. Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura, exhibición o reproducción las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba o aquéllas en las que hubiere conformidad de todas las partes, sin perjuicio de que las partes o el Tribunal exijan la reproducción cuando sea posible. Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún valor. 7. Bajo ningún concepto los integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la investigación penal preparatoria, excepto las incorporadas al debate de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior. 8. Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para la concurrencia de los jurados. 9. Las audiencias de debate se realizarán con estricta continuidad, en jornada completa y en días consecutivos, inclusive en los que fueren inhábiles. Asimismo se deberá evitar cualquier tipo de demora o dilación. El juez deberá arbitrar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente. Su inobservancia lo hará incurrir en falta grave. La violación a lo establecido en los incisos 2), 4), 5), 6) y 7) acarreará la nulidad del debate”. “Artículo 371 bis: Instrucciones para la deliberación de jurados. Una vez clausurado el debate, el juez invitará a los jurados a retirarse de la sala y celebrará una audiencia con los abogados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones redactadas en un lenguaje claro y sencillo. En ningún caso se requerirá del jurado valoraciones sobre la subsunción de los hechos en categorías jurídicas, explicándoseles que su decisión versará exclusivamente sobre las circunstancias de hecho objeto del debate. Las partes plantearán en ese momento sus objeciones recíprocas. Seguidamente, decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados. Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos para el caso de impugnación de la sentencia. Los abogados anticiparán antes del juicio sus propuestas de instrucciones, presentándolas por escrito, entregando copia al juez y los abogados de las demás partes. Estas incidencias constarán en acta o registros taquigráficos o de audio o video, bajo pena de nulidad”. “Artículo 371 ter: Explicación de las instrucciones y deliberación. 1. Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, el juez hará ingresar al jurado a la sala de juicio. Primero le explicará al jurado las normas que rigen la deliberación, le entregará una copia de ellas por escrito junto con las instrucciones, les explicará cómo se confecciona el veredicto y les informará sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y continua. Les explicará en qué consiste la presunción de inocencia y que para declarar culpable a una persona se debe probar su autoría más allá de toda duda razonable. Les hará saber que la acusación es quien tiene la carga de demostrar la culpabilidad del acusado, les explicará el alcance constitucional de la negativa a declarar del acusado y que solamente podrán considerar la evidencia producida en el juicio. Les explicará el derecho aplicable al caso, las causas de justificación y análogas, si fueron objeto de debate y las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Para ello se utilizará un lenguaje claro y sencillo. 2. Inmediatamente después, los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros titulares. Está vedado el ingreso a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad. Una vez que los jurados titulares comenzaron la deliberación, los jurados suplentes quedarán desvinculados del juicio y podrán retirarse. La deliberación no podrá extenderse más de dos (2) días prorrogables por igual término, ni podrá suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de los jurados. En este caso la suspensión no podrá durar más de diez (10) días, luego de los cuales se deberá realizar el juicio nuevamente. Si durante la deliberación los integrantes del jurado tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones, en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en el segundo párrafo del artículo anterior para su posterior aclaración. Los jurados elegirán su presidente por mayoría simple, bajo cuya dirección analizarán los hechos. En caso de empate se designará al de mayor edad. La votación será secreta”. “Artículo 371 quáter: Veredicto. 1. El veredicto deberá versar, respecto de cada hecho y de cada acusado, sobre lo atinente a: a) La existencia del hecho en que se sustenta la acusación. b) La eventual participación del o de los imputados en el mismo. El veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez (10) votos afirmativos sobre las cuestiones planteadas. Si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá unanimidad de votos afirmativos. Si se resolviera negativamente la primera cuestión, no se tratará la segunda. Salvo lo dispuesto en el apartado 2), la sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de culpabilidad, de no culpabilidad o de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, los que no podrán incluir ningún otro aditamento o aclaración, y el formulario final será confeccionado, firmado y datado por el presidente en presencia de todo el jurado. 2. Jurado estancado. Cuando no se obtuviere el número de votos requeridos respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b) del apartado anterior, se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres (3) veces. De mantenerse la situación, el veredicto será de no culpabilidad, salvo que se hubieran obtenido más de ocho (8) votos afirmativos, en cuyo caso el jurado se declarará estancado, y el presidente hará saber tal circunstancia al secretario. El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencia. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez comunicará que el jurado se declaró estancado, y le preguntará al fiscal si habrá de continuar con el ejercicio de la acusación. En caso negativo, el juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituido en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el fiscal en la oportunidad del artículo 334. En caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y votar las cuestiones. Si el jurado continuase estancado, se procederá a su disolución, y se dispondrá la realización del juicio con otro jurado. Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el veredicto será de no culpabilidad. 3. Veredicto de no culpabilidad. Cuando el veredicto fuera de no culpabilidad, se ordenará la inmediata libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas, o la aplicación de las medidas de seguridad resueltas oportunamente. 4. Presiones para el voto. Incomunicación. Los miembros del jurado tendrán obligación de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado. Si las circunstancias del caso así lo requieren, de oficio o a pedido de parte, el juez podrá disponer que los miembros integrantes del Jurado y los suplentes no mantengan contacto con terceros ni con medios de comunicación masivos durante todo el desarrollo del juicio, disponiendo excepcionalmente -en su caso- el alojamiento en lugares adecuados a cargo del Estado Provincial. 5. Reserva de opinión. Los miembros del jurado están obligados a mantener en absoluta reserva su opinión y la forma en que han votado. Las boletas utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado. 6. Pronunciamiento del veredicto. Para pronunciar el veredicto, se observará el siguiente procedimiento bajo pena de nulidad. El presidente del jurado le hará saber al secretario que ya han arribado a un veredicto. El juez convocará inmediatamente al jurado a la sala de audiencias. Una vez presentes todas las partes, el o los imputados y la totalidad del jurado, el juez le preguntará en voz alta al presidente del jurado si han llegado a un veredicto. En caso afirmativo, le ordenará que lo lea en voz alta. De acuerdo al veredicto, se declarará, en nombre del pueblo, culpable o no culpable al o a los imputados. Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados. 7. Irrecurribilidad. El veredicto del jurado es irrecurrible. El recurso contra la sentencia condenatoria o la que impone una medida de seguridad, derivadas del veredicto de culpabilidad o del de no culpabilidad por razones de inimputabilidad, se regirá por las disposiciones de este código. La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible”. “Artículo 375 bis: Sentencia en juicio por jurados. Cuando el juicio se celebre por Tribunal de jurados, la sentencia se ajustará a las normas previstas en este código pero deberá contener el veredicto del jurado y la transcripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso. Si el Juez estimare que el veredicto de culpabilidad resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso procederá por resolución fundada a decretar su nulidad, ordenando la realización de un nuevo debate con otro Tribunal. Su decisión será irrecurrible. Si correspondiere la imposición de una pena privativa de la libertad de efectivo cumplimiento y hubiere pedido de parte, el juez podrá disponer una medida de coerción, agravar la aplicada o aumentar las condiciones a que se encuentre sometida la libertad del imputado; aún cuando el fallo no se hallare firme y en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso”. “Artículo 448 bis. Recurso en el juicio por jurados. El recurso contra la condena dictada en los juicios por jurados podrá ser interpuesto por los mismos motivos del artículo anterior. Asimismo constituirán motivos especiales para su interposición: a) La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros. b) La arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado. c) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión. d) Cuando la sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate. ARTÍCULO 3°: Incorpórese el inciso 10 del artículo 1º, el capítulo X -Tribunales de jurados- del Título II, y el artículo 61 bis de la Ley N° 5.827 y sus modificatorias –Orgánica del Poder Judicial-, los que quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 1°: La administración de justicia en la Provincia será ejercida por: 1. La Suprema Corte de Justicia 2. El Tribunal de Casación Penal 3. Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en lo Penal y en lo Contencioso Administrativo 4. Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Familia, en lo Contencioso Administrativo, de Garantías, de Garantías del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo Correccional, de Ejecución en lo Penal y de Ejecución Tributaria 5. Los Tribunales en lo Criminal 6. Los Tribunales del Trabajo 7. Los Jueces de Paz 8. El Juzgado Notarial 9. El Cuerpo de Magistrados Suplentes 10. El Tribunal de Jurados”. “Capítulo X. “Tribunales de jurados”. “Artículo 61 bis: El Tribunal de jurados ejercerá su jurisdicción en el territorio de la Provincia con la competencia y los alcances que les atribuye la Ley N° 11.922 y sus modificatorias”. ARTÍCULO 4°: Dentro de los quince (15) días de la publicación de la presente Ley, la Junta Electoral procederá a confeccionar los listados principales de ciudadanos detallados en el inciso 1) del artículo 338 ter, y a efectuar el correspondiente sorteo en audiencia pública. El resultado del sorteo será inmediatamente remitido a la Suprema Corte de Justicia a los fines previstos en el inciso 2) de la norma citada. En los años sucesivos, regirá lo establecido en el último párrafo del artículo 338 ter inciso 1). ARTÍCULO 5°: Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación y sólo regirán respecto a los procesos iniciados con posterioridad. ARTÍCULO 6°: Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la presente Ley. ARTÍCULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil trece. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Fundamentos de la Ley 14543 Honorable Legislatura: Se somete a consideración de vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se adjunta para su sanción, a través del cual se establece el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Es política de este gobierno fortalecer la calidad institucional y dar operatividad plena a los derechos y garantías constitucionales, tal como se ha hecho con el impulso desde el Poder Ejecutivo de la ley de la creación y puesta en funcionamiento de la defensoría del pueblo (artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y la remisión a esa legislatura del proyecto de policía judicial para hacer efectiva la previsión contenida en el artículo 166 del mismo cuerpo legal. Mediante el presente proyecto, se apunta a completar el sentido de las reformas anteriormente promovidas, dando cumplimiento en la provincia al claro mandato de la Constitución Nacional en el sentido de que los juicios criminales deben realizarse por jurados artículos 24, 75 e inciso 22 y 118, preceptos éstos que se encuentran vigentes desde el año 1853 y que, además, han recibido ratificación expresa en la reforma del año 1994. En línea con lo expuesto, se pretende completar el proceso de transformación de la justicia penal y profundización del sistema acusatorio materializado a través de las distintas modificaciones legislativas impulsadas por este gobierno. El presente proyecto de ley, parte de la consideración de que la administración de la justicia penal configura un eje esencial en el diseño de las políticas públicas del estado democrático de derecho debiendo resguardarse equilibradamente en ella los intereses de los acusados y de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, la instauración del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires apunta no sólo a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, potenciará sin duda alguna el principio de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de justicia. La provincia de Buenos Aires -junto a la de San Luís-, fue pionera en la república Argentina en avanzar hacia la implementación de un modelo procesal penal acusatorio. En efecto, bajo la pluma del maestro Tomás Jofré, el Código de Procedimiento Penal -Ley 3.589-, estableció desde 1915 en el territorio bonaerense el derecho del imputado a ser juzgado en única instancia y en juicio oral (artículo 221 en su redacción original). En nuestro país, este avance hacia el modelo acusatorio fue retomado veinticinco años después por la provincia de Córdoba, con la instauración del sistema mixto, con plenario oral a cargo de jueces técnicos, modelo que con el correr de los años se extendió a los códigos procesales de todas las provincias, como así también al código nacional. A partir del año 1986, con la sanción de la Ley 10.358, el proceso penal bonaerense contó con juicio oral en forma obligatoria para los delitos dolosos en los que se hubiera causado la muerte de una persona, sin perjuicio de mantener la opción del imputado a elegir ser juzgado con este procedimiento en otros delitos graves. Finalmente, en el año 1998, la Ley 11.922 instauró el actual Código Procesal Penal, por el cual nuestra provincia se acogió plenamente al modelo acusatorio, principalmente, en cuanto estableció una estricta separación entre las funciones de investigación (a cargo de los fiscales) y juzgamiento (a cargo de los jueces de garantías, correccionales y jueces de tribunal en lo criminal), y a la par, la obligatoriedad del juicio oral, público y contradictorio para toda clase de delitos, aun para los más leves. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró en el fallo “Casal Eugenio Matías y otro” que el juicio oral, público y contradictorio a cargo de jueces técnicos, abastece la exigencia constitucional en cuanto a las características que debe tener el proceso penal -acusatorio y público-, este Poder Ejecutivo se encuentra convencido que debe avanzarse hacia la implementación del juicio por jurado, ello por considerar que se trata de un pilar fundamental en el sistema democrático de administración de justicia, asegurando la participación ciudadana en las decisiones judiciales, así como la publicidad y transparencia que debe signar la actividad de todos los órganos estatales del sistema republicano. En este última línea, la presente gestión impulsó diversas reformas legislativas, a saber: la Ley 13.811 de Flagrancia, que estableció audiencias públicas obligatorias en la etapa de investigación penal preparatoria; la Ley 14.128 que determinó la obligatoriedad de audiencia para el tratamiento de la prisión preventiva cuando hubiese pedido expreso de alguna de las partes y, finalmente, la Ley 14.296, que estableció la normalización de todas las decisiones trascendentes en la etapa de ejecución, sin perjuicio de las reformas también trascendentes que se materializaron mediante las Ley 13.943 y las Leyes modificatorias, 13.812, 14.065 y 14.295 con el objeto de dar más celeridad y eficiencia a la justicia penal. En la iniciativa que aquí se impulsa, se ha tenido en cuenta la opinión de diversas instituciones y organismos vinculados en la materia, como la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la Asociación de los Derechos Civiles, la Asociación de Magistrados de la Provincia, la Fundación de Estudios para la Justicia, el Colegio de Abogados de la Provincia, y distintos especialistas en Derecho Penal y Procesal Penal de las Universidades Nacionales de La Plata, Buenos Aires y Lomas de Zamora. El proyecto propone el establecimiento del jurado popular clásico – integrado únicamente por ciudadanos comunes-, por cuanto es el mejor modelo que asegura la participación ciudadana en la resolución del proceso, al hacer que el veredicto se apoye exclusivamente en la voluntad del pueblo soberano, sin intervención de terceros que puedan influir en el sentido de la votación. Al mismo tiempo, permite fortalecer la garantía constitucional de imparcialidad del juzgador, reconocida en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esta inteligencia, se estableció un jurado compuesto exclusivamente por ciudadanos comunes, integrado por doce miembros titulares y seis suplentes, bajo la presidencia de un juez que ejercerá la dirección del debate y no intervendrá en el dictado del veredicto. Consideramos que todo ciudadano es naturalmente capaz para ser jurado, pues la esencia de este sistema es la participación directa del pueblo, con una composición representativa de la sociedad que refleje su heterogeneidad. De tal modo, se establece que podrá integrar el jurado todo persona de entre 21 y 75 años de edad, Argentina o naturalizada, que esté en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, entienda plenamente el idioma nacional y goce de aptitud física y psíquica suficiente para el cargo. Esto debe ser así, pues si el legislador constitucional en el artículo 16 entendió que todos los habitantes son iguales ante la ley y que la única condición para el acceso a los cargos es la idoneidad, es claro que los jurados son idóneos para ejercer justicia insertos en un tribunal, máxime cuando no se necesitan conocimientos técnicos para valorar prueba y, a tenor de ella, tener por acreditado o no un hecho delictivo y la participación del acusado. Además, si los propios ciudadanos son quienes votan en las elecciones, eligiendo a quienes ejerce el gobierno, con más razón están capacitados para resolver cuestiones que atañen al sentido común y a la vida cotidiana, como saber si alguien cometió o no el hecho por el que se lo acusa. Asimismo, se establecieron inhabilidades específicas a fin de garantizar la plena imparcialidad de los jurados, excluyendo de la posibilidad de serlo a los funcionarios públicos, abogados, escribanos o procuradores, integrantes del Poder Judicial, fuerzas de seguridad, así como integrantes de agencias prestadoras de servicios de seguridad, entre otros. El proyecto estima que la función de jurado es tanto una carga pública como un derecho. Por tratarse de una carga pública, se prevé que la función sea razonablemente remunerada y para asegurar la transparencia y heterogeneidad en la selección se ha establecido un mecanismo de sorteo anual por parte de la Junta Electoral de la Provincia a fin de confeccionar los listados de los ciudadanos que podrán ser convocados como jurados. Luego, y en el marco de cada proceso, se efectuará un sorteo de cuarenta y ocho personas de la lista, que posteriormente serán convocados a una audiencia para decidir cuáles de ellos integrarán el jurado. En esa audiencia de selección, las partes podrán interrogar a los candidatos para conocer si se encuentran alcanzados por alguna circunstancia impeditiva, o si tienen algún interés particular que pueda afectar su imparcialidad en el proceso. A fin de dar mayor celeridad a las audiencias de debate del juicio por jurados, se previó que las mismas se realicen con estricta continuidad, en jornada completa y en días consecutivos, inclusive en los días que fueran inhábiles. Ello permitirá una rápida realización del debate. En cuanto a la motivación del veredicto, se parte del sistema clásico en el que no se exige a los jurados legos dar fundamentos escritos de su voto. El veredicto lo decidirán según su íntima convicción y de acuerdo a su leal saber y entender. Esto no implica en modo alguno que no exista motivación, la que emergerá en forma indirecta, a través de las instrucciones que debe impartir el juez previo a la deliberación y, aún más específicamente, a través de los interrogantes puntuales que deben contestar para arribar al veredicto de culpabilidad, lo que asegura tanto la defensa en juicio, como los eventuales derechos recursivos. De tal modo, y tal como se establece en el artículo 106 del presente proyecto, las instrucciones e interrogantes del juez al jurado y la decisión del jurado sobre los mismos, constituirán plena y suficiente motivación del veredicto. Se establece en el proyecto como requisito de la condena un total de diez o más votos, así como unanimidad en caso en que el delito tenga prevista pena de prisión o reclusión perpetua. A la par, se reguló la posibilidad de que el fiscal en la misma audiencia pueda requerir la disolución del jurado y la realización de un nuevo juicio, para el caso en que no se hubiesen alcanzado dichas mayorías y si existieran más de siete votos afirmativos. Con el pronunciamiento del veredicto concluye la intervención del jurado, ya que en caso de veredicto condenatorio no le corresponde establecer las consecuencias legales del hecho que diera por probado. Por el contrario, será el juez quien en base a tal veredicto dictará la sentencia, calificando el hecho e imponiendo la pena. No obstante, se ha previsto que si se hubiere dejado constancia de circunstancias fácticas que podrían dar lugar a la no punibilidad de la conducta, el juez resuelva las cuestiones de derecho, y de corresponder, dicte sentencia absolutoria. A su vez, y como garantía procesal para evitar el dictado de sentencias arbitrarias, se previó que si el juez estimare que el veredicto de culpabilidad resultare manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso o fuera incompatible con el sentido en que se votaron los interrogantes, pueda decretar la nulidad del veredicto y ordenar la realización de un nuevo debate con otro jurado. En lo que hace a la faz impugnativa de las sentencias de juicios por jurado, se estableció por un lado la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria, y por otro, la previsión de un recurso de casación amplio para el imputado en caso de sentencia condenatoria. En cuanto a la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria -posición adoptada por el derecho comparado en los procesos con jurado clásico-, ello encuentra fundamento en que el veredicto emana del pueblo, de la soberanía popular, y como tal, cuenta con una legitimidad suficiente para que su decisión cierre definitivamente el caso traído a su consideración. Además, ello no afecta norma constitucional alguna, pues como lo sostuvo hace más de quince años la Corte Suprema Nacional, “La garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado. Cabe concluir, entonces, que en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no es el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho” (caso “Arce, Jorge D.”). Por otro lado, y en relación al imputado, quien sí cuenta con el derecho constitucional a la revisión del fallo condenatorio, se reconoce el recurso de casación sin ningún límite adicional a los que rigen para el procedimiento común y además, se agregaron motivos especiales, a saber: la irregular constitución del jurado, la arbitrariedad del rechazo de medidas de prueba, el cuestionamiento a las instrucciones al jurado, y el apartamiento manifiesto del veredicto condenatorio a la prueba producida, o su incompatibilidad con el sentido de las interrogantes votadas por el jurado. Estimamos que con todo ello, resulta plenamente aplicable la doctrina “Casal”, en el sentido de permitir al Tribunal de Casación Penal realizar el máximo esfuerzo revisor. Finalmente caben dos apreciaciones complementarias. El establecimiento del juicio por jurados es entendido en el presente proyecto como un derecho del imputado, que como tal resulta enteramente renunciable. Por ello, no solo se mantiene la posibilidad de que el imputado junto a su defensor acuerden la abreviación del juicio, sino que a la vez, se le reconoce la posibilidad de requerir el juzgamiento por medio del Tribunal en lo Criminal. De esta manera, la presente regulación concede una herramienta más para el diseño de las estrategias procesales de defensa, contribuyendo así a garantizar dos principios básicos del proceso penal, como son la eficiencia sin que ello traiga ínsito la condena de inocentes. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que si bien el juicio por jurados es el modo para asegurar la participación ciudadana y el control republicano sobre los actos de gobierno del Poder Judicial, no es menos cierto que desde su nacimiento con la Carta Magna de Inglaterra de 1.215, el juicio por jurados surgió como una garantía del imputado a ser juzgado por sus pares -judgment by peers-. En la misma línea, lo ha entendido la doctrina Argentina, entre ellos Julio Maier, quien afirmó que “el ser juzgado por los propios conciudadanos es hoy antes un derecho fundamental de cada habitante, que una forma específica de distribución del poder político o de organización judicial. Cierto es que, desde este último punto de vista, al que hace referencia, preponderantemente, el artículo 118, CN, el juicio por jurados comporta una clara decisión política acerca de la participación de los ciudadanos en las decisiones estatales, pero es indudable, también, que la CN 24, esto es, en el capítulo de ella referido a los derechos y las garantías de los habitantes, nos concedió uno fundamental: el juicio de aprobación o desaprobación de nuestros conciudadanos presidiría el fallo penal, esto es, abriría o cerraría las puertas para la aplicación del Derecho penal, para el ejercicio, conforme a Derecho, del poder penal estatal “(en Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos, págs. 777 y sgtes)”. A su vez, Edmundo Hendler en su trabajo, “El juicio por jurados como garantía de la Constitución”, luego de enumerar detalladamente los antecedentes históricos del juicio por jurado, concluye también que principalmente se trata de una garantía individual del enjuiciado. Finalmente, en cuanto a la competencia de la Legislatura local para establecer el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, debe destacarse no solo la naturaleza procesal del instituto, sino también lo indicado anteriormente en el sentido de que la Constitución Nacional, especialmente en el artículo 24, lo reconoce como una garantía de los ciudadanos que como tal debe ser operativizada. Por otro lado, resulta claro de la lectura del artículo 126 de la Constitución Nacional que las provincias tienen la facultad de dictar las leyes –aún de fondo- a las que hace referencia el artículo 75 inciso 12 de la Carta Magna, si con anterioridad el Congreso Nacional no lo hubiese hecho, resultando por lo demás determinante que en el citado artículo 126 se excluya a la regulación del juicio por jurados como una de las materias vedadas a las provincias. En esa inteligencia, debe interpretarse a todo evento, que la referencia del artículo 75 inciso 12 in fine, establece a lo sumo una facultad concurrente entre la Nación y las Provincias. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en numerosos precedentes que: "…Ha de tenerse presente que de acuerdo a las especiales características con que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las Provincias, debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquélla de modo que las autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse..." (Doct. de Fallos: 186:170; 271:186; 286:301; 293:287; 296:432; 304:1186; 305:1847). Desde otro punto de vista, pero en igual sentido, se ha sostenido que la atribución del legislador nacional para el establecimiento del juicio por jurados, se refiere únicamente a delitos federales, pues en lo que hace a delitos comunes, las provincias tienen la facultad reservada para organizar su proceso penal y sus órganos de juzgamiento (artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional). Claro está, las regulaciones provinciales deben hacerse “de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional” (artículo 5 de la Constitución Nacional), siendo justamente, uno de esas garantías, el derecho al juicio por jurados (artículo 24). A todo evento, como dice Bidart Campos en Manual de la Constitución Reformada: “…La ley sobre juicio por jurados ha de verse como una ley marco a aplicarse en jurisdicción penal de tribunales federales y locales, y de carácter federal. Deja margen reglamentario a la legislación provincia…” (Tomo III, capítulo XXXIII). Creemos que el proyecto que aquí se impulsa configurará un notorio avance en materia de transparencia y participación ciudadana en la administración de justicia, y a la par, un fortalecimiento de las garantías de aquéllos que se vieran sometidos a un proceso penal. A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita de ese Honorable Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto. Dios guarde a vuestra Honorabilidad.